… “Es el caso de la promulgación por Alan García del DU 001-2011, el 17 de enero pasado. Este DU es un dispositivo legal sumamente grave, que, argumentando la existencia de un escenario de incertidumbre en la evolución de la economía mundial, aprueba “facilitar determinados proyectos de inversión que por su importancia se requiere adjudicar en el corto plazo”, los que se entregarán “a través de asociaciones público privadas y concesiones de obras públicas de infraestructura y de servicios públicos”. Para ejecutar este proyecto, se concentra todo el poder en Proinversión y en el MEF, dejando fuera de juego virtualmente a todas las instancias de fiscalización, otorgando a algunas, a lo más, un mero papel consultivo. No se necesita ser un especialista para comprender que se pretende consumar un gran faenón.
En el paquete se incluye 30 grandes proyectos a ser adjudicados sin fiscalización. Entre ellos, el Terminal Norte Multipropósito del Callao, el Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao línea uno, el Proyecto Isla San Lorenzo-Isla El Frontón, la Línea de Transmisión Trujillo-Chiclayo, la ruta fluvial Yurimaguas-Iquitos-frontera con Brasil, las líneas de transmisión desde Cajamarca hasta Iquitos, grandes proyectos de irrigación, la Autopista del Sol desde Sullana hasta el Ecuador, la Panamericana Sur desde Ica hasta Chile, el Túnel Transandino para unir Lima con Junín, el sistema de distribución de gas natural, de gas natural licuado y de fibra óptica de todo el país, etc.
Se trata pues de enormes proyectos sobre los cuales no debe decidir un gobierno que está a escasos dos meses de la elección de su sucesor. Aparentemente el descalabro del Apra está llevando a García y su corte a intentar forzar negociados que involucran miles de millones de dólares y donde se prevé enormes comisiones.
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