Alcaldes elegidos al azar hay muchos, alcaldes elegidos por convicción social hay pocos , una autoridad edil moderna debe convertirse en un promotor incansable de la transparencia administrativa, a través de gestiones de mucha convocatoria, la construcción de institucionalidad contra la corrupción y la lucha incansable contra la pobreza
Lo primero para combatir la corrupción es enseñar con el ejemplo. Lo ideal es que el alcalde no sea un hombre de negocios. Si lo es, su paso por el gobierno debe constituir un paréntesis absoluto en su actividad comercial, y especialmente en lo que se refiere a operaciones o contratos con el Estado. También es de exigir que ni sus parientes ni sus amigos cercanos tengan ningún tipo de contacto con las entidades provinciales, ni como contratistas ni como intermediarios.
Los gerentes y el equipo técnico, deben reunir las mismas condiciones que el alcalde. No puede llegar al municipio nadie sobre cuya honradez existan dudas.
La cabeza de la administración debe, además, mostrar un interés y un compromiso permanentes sobre el flagelo de la corrupción y la lucha contra el mal , que pulula en la administración pública, La primera expresión de ese compromiso es la adopción de un discurso claro y directo contra el flagelo.
La autoridad del burgomaestre debe emplearse en convocar, en términos positivos, a los funcionarios y empresarios del Distrito, a la construcción de un clima de probidad y transparencia. Un alto porcentaje de ellos es sensible a esos llamados porque prefieren competir en un ambiente de licitación sano.
En la construcción de institucionalidad contra la corrupción, hay por lo menos cinco cosas por hacer. Primero: así como existe un Consejo de Seguridad, tendrá que haber uno de lucha contra la corrupción. El organismo debe estar dotado de mecanismos para recibir y darle curso a las denuncias de la ciudadanía, incluidas las de micro corrupción.
Segundo: el alcalde debe hacer cuanto de él dependa para que el Cabildo designe un personero y un contralor distritales de excelencia ética y profesional. Por ningún motivo podrán ser personas amigas o cercanas a él. Idealmente, deberán pertenecer a partidos diferentes al del alcalde.
Tercero: la Veeduría provincial debe convertirse en un ágil instrumento de investigación e información al alcalde sobre la corrupción administrativa, y de asesoría para la adopción de medidas contra ella.
Cuarto: las oficinas de control interno de las entidades provinciales deben ser fortalecidas y su personal convocado y motivado por las máximas autoridades a ejercer bien sus tareas.
Quinto: las relaciones entre la Alcaldía y las fuerzas políticas representadas deben construirse sobre bases de dignidad y transparencia. Es menester que el alcalde mantenga un diálogo permanente con las juntas barriales y vecinales sobre propuestas programáticas y medidas de gobierno, apoye la labor normativa y de control político de los concejales y ayude a visibilizar su papel en la construcción de políticas públicas y la satisfacción de las necesidades de la comunidades..
Sin desmedro de eso, el alcalde no debe abstenerse de emitir por decreto los proyectos de acuerdo de su iniciativa que sean trascendentales para la ciudad, cuando grupos de concejales quieran convertir el Cabildo en un retén para hacer exigencias censurables. Serán inadmisibles las negociaciones de puestos y contratos. Y se eliminará la práctica de exigir que los funcionarios y los contratistas de servicios personales tengan apoyo político de miembros del Concejo.
La pulcritud en la contratación debe ser un asunto de especial cuidado para el burgomaestre. Al respecto propenderá por reducir al máximo la contratación directa, o contratación a dedo, y reemplazarla por procesos de competencia entre oferentes, como la licitación pública. Y hará que se le dé publicidad y transparencia a todas las etapas de esos procesos y a todos los componentes de los expedientes contractuales, cumpliendo la obligación legal de exhibirlos en un portal único.
El alcalde debe tomar cartas en la depuración del esquema de interventorías para que se eviten el amiguismo y los conflictos de intereses. Y cerrarles las puertas a los intermediarios que asesoran a las entidades provinciales mientras promueve la creación de sociedades y uniones para contratar con la provincia.
Los gerentes y el equipo técnico, deben reunir las mismas condiciones que el alcalde. No puede llegar al municipio nadie sobre cuya honradez existan dudas.
La cabeza de la administración debe, además, mostrar un interés y un compromiso permanentes sobre el flagelo de la corrupción y la lucha contra el mal , que pulula en la administración pública, La primera expresión de ese compromiso es la adopción de un discurso claro y directo contra el flagelo.
La autoridad del burgomaestre debe emplearse en convocar, en términos positivos, a los funcionarios y empresarios del Distrito, a la construcción de un clima de probidad y transparencia. Un alto porcentaje de ellos es sensible a esos llamados porque prefieren competir en un ambiente de licitación sano.
En la construcción de institucionalidad contra la corrupción, hay por lo menos cinco cosas por hacer. Primero: así como existe un Consejo de Seguridad, tendrá que haber uno de lucha contra la corrupción. El organismo debe estar dotado de mecanismos para recibir y darle curso a las denuncias de la ciudadanía, incluidas las de micro corrupción.
Segundo: el alcalde debe hacer cuanto de él dependa para que el Cabildo designe un personero y un contralor distritales de excelencia ética y profesional. Por ningún motivo podrán ser personas amigas o cercanas a él. Idealmente, deberán pertenecer a partidos diferentes al del alcalde.
Tercero: la Veeduría provincial debe convertirse en un ágil instrumento de investigación e información al alcalde sobre la corrupción administrativa, y de asesoría para la adopción de medidas contra ella.
Cuarto: las oficinas de control interno de las entidades provinciales deben ser fortalecidas y su personal convocado y motivado por las máximas autoridades a ejercer bien sus tareas.
Quinto: las relaciones entre la Alcaldía y las fuerzas políticas representadas deben construirse sobre bases de dignidad y transparencia. Es menester que el alcalde mantenga un diálogo permanente con las juntas barriales y vecinales sobre propuestas programáticas y medidas de gobierno, apoye la labor normativa y de control político de los concejales y ayude a visibilizar su papel en la construcción de políticas públicas y la satisfacción de las necesidades de la comunidades..
Sin desmedro de eso, el alcalde no debe abstenerse de emitir por decreto los proyectos de acuerdo de su iniciativa que sean trascendentales para la ciudad, cuando grupos de concejales quieran convertir el Cabildo en un retén para hacer exigencias censurables. Serán inadmisibles las negociaciones de puestos y contratos. Y se eliminará la práctica de exigir que los funcionarios y los contratistas de servicios personales tengan apoyo político de miembros del Concejo.
La pulcritud en la contratación debe ser un asunto de especial cuidado para el burgomaestre. Al respecto propenderá por reducir al máximo la contratación directa, o contratación a dedo, y reemplazarla por procesos de competencia entre oferentes, como la licitación pública. Y hará que se le dé publicidad y transparencia a todas las etapas de esos procesos y a todos los componentes de los expedientes contractuales, cumpliendo la obligación legal de exhibirlos en un portal único.
El alcalde debe tomar cartas en la depuración del esquema de interventorías para que se eviten el amiguismo y los conflictos de intereses. Y cerrarles las puertas a los intermediarios que asesoran a las entidades provinciales mientras promueve la creación de sociedades y uniones para contratar con la provincia.
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