En nuestra otrora apacible huaraz, somos consientes de que la inseguridad ciudadana incide negativamente en el desarrollo social, cultural, económico de nuestra región. Por eso se tiene que encontrar, con urgencia, medidas que solucionen esta problemática. La policía, en conjunto con los gobiernos locales, y, también, la sociedad civil tenemos que trabajar para proponer y hallar dichas medidas. Hoy nuestro editorial busca sensibilizar a las autoridades regionales y municipales, así como a la PNP a que tengan que integrarse para buscar junto a la sociedad civil la solución de tan grave problema.
Al transcurso de los primeros meses del año, hay que admitir que se han producido intentos y prácticas programadas para afrontar esta problemática. Todo esto se desprende de las reuniones de coordinación establecidas entre Seguridad Ciudadana de la municipalidad provincial , en coordinación con Fiscalía, PNP, Defensa Civil, y la sociedad civil.
Nadie puede dejar de percibir que estamos hablando de avances sintomáticos, pero que aún precisan ser profundizados por el accionar integrado de los entes que velan por la tranquilidad social. Aún quedan espacios por cubrir, tales como operativos en los mercados de abastos, un prolijo control en las vías de acceso a nuestro departamento, acciones en las arterias urbano-marginales y en las propias unidades de transporte, donde campea la ilegal labor de los incansables carteristas, control a los bares y discotecas, He allí el papel y rol que deben asumir los protectores de la seguridad, y por consiguiente, de nuestra sociedad.
Sensibilización a la población y acciones que involucre inclusive a los propios conductores de vehículos -taxistas, moto taxistas, conductores de vehículos-. Es decir, el protagonismo de la comunidad organizada tiene que aparecer en la escena. Y otro de los actores, con mayor grado de responsabilidad para avanzar en la lucha contra este flagelo, sin duda, es el Estado; obligando al Gobierno Central ha cambiar la desidia y falta de compromiso, por un accionar más explícito y decisivo.
Con la reciente aprobación del comité de Seguridad Ciudadana, con presencia de instituciones representativas como la municipalidad provincial de huaraz, Ministerio Público, Poder Judicial, Policía Nacional, juntas vecinales, entre otros, refleja el interés colectivo por formular propuestas e iniciativas que hagan frente al flagelo delictivo en nuestra ciudad.
En el ámbito social, nos centraremos en cuatro puntos. En primer lugar, se encuentra el programa de re sociabilización de jóvenes de la calle. Este consiste en otorgar opciones laborales, culturales o sociales que incentiven un adecuado uso del tiempo libre en los jóvenes. Por eso, estas opciones deben de ser atractivas, que recreen y tengan sentido integrador.
En segundo lugar, está el ofrecimiento de oportunidades laborales para la población. Si se capacita a un ciudadano desocupado este puede trabajar con las habilidades despertadas en la capacitación y, así, será mucho más difícil que este caiga a la delincuencia y criminalidad. En tercer lugar, está la información para la participación.
La población debe tener acceso a encuestas y estadísticas sobre la inseguridad ciudadana. “Tener una amplia disponibilidad de información contribuye a perfeccionar la política desarrollada en materia de seguridad ciudadana, lo cual despertará en el ciudadano común y corriente un conocimiento real de la situación de seguridad.
En el ámbito educativo, el sistema actual no consta de métodos que enseñen a los niños desde pequeños a no resolver sus riñas de manera violenta. Es bueno, sin importar su edad, inculcar a los niños el respeto hacia los demás para, así, convivir en armonía en la sociedad. También, es necesario combatir la deserción escolar, pues esto vincula a los jóvenes a no asistir a las escuelas y darse al abandono (punto de inicio de la violencia juvenil en las calles).
El serenasgo debe tener una política de prevención del delito y no ahondar demasiado en su represión, sin que quiera decir que esto no se puede hacer. El serenasgo no es una isla dentro de la administración municipal, debe trabajar con las áreas de educación, cultura, desarrollo social estrechamente y en muchos casos es necesario formar comités de trabajo entre las jefaturas.La policía debe tener un trabajo muy cercano con las organizaciones de ciudadanos para vigilar de cerca la labor de aquellos que quieran delinquir y desarrollar su sistema de inteligencia para el combate al crimen organizado.
En conclusión, la seguridad ciudadana es un bien público que el Estado debe garantizar y proteger. Por eso el gobierno local y regional están obligados a lograr la tranquilidad del vecino porque eso repercute en el desarrollo no solo social de la población sino económica. No se trata solo de esperar el protagonismo de los organismos de apoyo y servicio, si no de involucrarnos en la propia labor. No se trata de la acción física directa, si no el establecimiento de mecanismos para apoyar y contribuir con la búsqueda y recuperación de la seguridad ciudadana en huaraz.elfranco opinador
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